La crisis del COVID-19 abre una gran ventana de oportunidad para las ciudades y sus habitantes. El uso de vehículos de movilidad personal está creciendo alrededor del mundo. Los ciudadanos se han reencontrado con las bicicletas y las patinetas porque son una buena alternativa para movilizarse en modo “social distancing”. Las autoridades están priorizando el uso del espacio público para estos modos de movilidad, habilitando nuevas ciclorutas y corredores exclusivos a una velocidad nunca antes vista, como complemento a las otras modalidades de transporte. Es urgente reforzar, con sistemas de movilidad limpios y poco intensivos en infraestructura, los sistemas de transporte público que debido a medidas sanitarias verán disminuir su capacidad entre el 50% y 70%, y así evitar un repunte desmedido en el uso del vehículo particular; de lo contrario se profundizará la crisis ambiental y se comprometerá aún más la vida en el planeta.

Es una oportunidad que la industria de la micromovilidad debe aprovechar. Es tiempo para rectificar errores cometidos en el pasado, construir soluciones viables para reactivar la movilidad y la actividad económica de las ciudades, eso sí, sin perder de vista la sostenibilidad que requiere el sistema en el largo plazo. La nueva ola de micromovilidad debe enfrentar los retos sanitarios que impone la pandemia, pero además debe venir acompañada de ajustes esenciales en la regulación.

Aumentar oferta. Limitar la cantidad de bicicletas o patinetas que pueden circular en la ciudad no tiene sentido en estos tiempos. Ciudad de México limitó a millones de ciudadanos con 3500 patinetas, hoy no encuentran una sola en las calles de la ciudad. En América Latina las autoridades reaccionaron restrictivamente pensando que las ciudades se inundarían de esos vehículos, como sucedió en ciudades de Europa y Norteamérica cuando estalló la primera ola de la microvilidad. Eso no pasó, ya quedó demostrado, tampoco va a pasar ahora. Algunas ciudades en Brasil son un buen referente, no tienen “cap”, permitiendo que las empresas adecuen su oferta de forma natural a la demanda. En São Paulo la oferta se ajusta entre 10 mil y 15 mil patinetas bien organizadas. Las autoridades deben rectificar y eliminar los cupos, dejando que los operadores autorizados desplieguen su oferta según lo requiere la demanda, lo cual es fácilmente comprobable con los datos y las plataformas tecnológicas existentes. Ahora, más que nunca, los ciudadanos demandan la mayor oferta posible.

Flexibilizar uso de infraestructura. Las nuevas ciclorutas requieren estacionamientos estratégicos, cuya ubicación tenga sentido práctico para los usuarios. Las ciudades no están para desperdiciar espacio público valioso en estacionamientos que no se utilizan. Solo un 10% de los 86 “cajones” autorizados en Bogotá cumplen con su cometido. Las autoridades deben rectificar y autorizar micro-estacionamientos para la micro-movilidad. La Unión Internacional de Transporte Público (UITP) plantea el uso flexible y dinámico de calles y andenes, según las necesidades de la demanda. No es pecado utilizar el espacio del andén en el que se ubican los árboles, las canecas de basura y las señales de tránsito, por el contrario, es buena práctica a nivel internacional. El análisis de los patrones de movilización debe ser la base técnica para estas decisiones, apoyándose en plataformas tecnológicas existentes, como Populus, que opera en Buenos Aires y otras ciudades. No más ocurrencias por favor.

Integrar con transporte público. La multimodalidad debe dejar de ser un discurso. Las bicicletas y las patinetas deben estar integradas a la red de transporte público de la ciudad, tanto a nivel físico y operacional de la red como en el medio de pago. Mientras la primera y la última milla no esté bien resuelta para los usuarios existirá el incentivo a seguir utilizando el vehículo particular. Transmilenio en Bogotá y Metro de Medellín han procurado avanzar en ese sentido. Las entidades bancarias y las grandes marcas como Mastercard y Visa son los llamados a patrocinar estas iniciativas, nada mejor que impulsar en el transporte público los pagos con tarjetas “contacless” para garantizar las medidas sanitarias, los beneficios están a la vista. La coordinación y articulación de los actores del sistema es función básica de las autoridades, no lo contrario.

Reducir costos. Las bicicletas y patinetas deberían ser accesibles para todos, ese es el anhelo de las autoridades y de las empresas también. Sin embargo, los cobros y las barreras que han impuesto las autoridades a los operadores de micromovilidad han encarecido el servicio, impactando negativamente la bolsa de los usuarios y consecuentemente la movilidad en las ciudades. En América Latina, pagar US$2 por un viaje de 3 kilómetros en patineta eléctrica resulta innaccesible para la mayoría de la población. Habrá que valorar modelos financieros de subsidios cruzados, nada nuevo en el transporte, para que las poblaciones de menos recursos económicos también tengan acceso a los servicios de micromovilidad. Las autoridades deben reducir las contraprestaciones a las empresas y eliminar del todo la práctica nefasta de la subasta en estos servicios, como la realizada en la Ciudad de México, eso jamás se puede repetir.

Desplegar seguridad. Habrá más desempleo y necesidades en la población. Los amigos de lo ajeno estarán al acecho de bicletas y patinetas, así como de las pertenencias de los usuarios. La seguridad en los sistemas de transporte y movilidad es un elemento básico. Las autoridades, de la mano con los operadores y los usuarios, deben tomar medidas concretas para desplegar una red de prevención y reacción ante los actos de delicuencia. Hay que perseguir a los ladrones, no a los usuarios ni a los emprendedores porque no estacionan bien una bicicleta o una patineta, eso se puede resolver con programas de educación como los que está desarrollando el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). ¿Cuántos recursos públicos y privados se han perdido en incautaciones y decomisos realizados por las autoridades sin que hayan logrado resolver problema alguno?

Habilitar financiamiento. Se trata de emprendimientos, de fábricas de innovación, de empresas jóvenes que en medio de la crisis enfrentan más dificultades de las habituales para financiar sus operaciones. Esas “startups” que ofrecen servicios de micromovilidad compartida ya tienen un buen camino recorrido, lleno de lecciones aprendidas a base de prueba y error. Han sido grandes generadores de empleo, directo e indirecto, desde lo operativo hasta lo altamente especializado. Son empresas que ahora más que nunca requieren ejecutar estrategias bien direccionadas para volver a salir a la calle con éxito y lograr la recuperación después de la crisis. Algunas de ellas cerrarón sus operaciones en América Latina antes de la crisis, no serán los fondos de inversión de riesgo los que ahora respaldarán esta nueva ola de la micromovilidad. Un programa de financiamiento bien estructurado, impulsado por los gobiernos con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), sería una jugada maestra de las autoridades para capitalizar la capacidad emprendedora en la industria de la micromovilidad y alinearla con los objetivos y programas estratégicos en materia de transporte público y movilidad.

No hay duda que las bicicletas y patinetas compartidas ya forman parte del portafolio de servicios de movilidad en las ciudades. En esta nueva ola de micromovilidad debe prevalecer una visión sistémica que permita aprovechar al máximo el potencial de las partes en su conjunto. La cooperación y el trabajo entre todos los actores será clave, bajo un liderazgo claro y bien direccionado de las autoridades. No hay tiempo que perder, manos a la obra.